México no se encuentra en una situación de “bancarrota hídrica”, pero enfrenta un escenario complejo debido a la sobreexplotación de sus reservas de agua y a una distribución territorial desigual, advirtieron especialistas.
Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la Unesco, señaló que 44 por ciento de los 653 acuíferos registrados en el país presentan disponibilidad media o negativa.
Esto significa que en una parte importante del territorio se extrae una cantidad de agua superior a la que puede recuperarse mediante los procesos naturales de recarga.
Uno de los casos más preocupantes se encuentra en el Valle de México, donde la extracción de agua subterránea prácticamente duplica la cantidad que se recarga de manera natural, situación que compromete la sostenibilidad del suministro a largo plazo.
Durante la Semana Mundial del Agua, celebrada recientemente en Estocolmo, Arriaga explicó que el concepto de “bancarrota hídrica”, utilizado por Naciones Unidas para describir a sociedades que consumen agua de manera persistente por encima de sus límites hidrológicos, no constituye una categoría que pueda aplicarse de manera operativa al caso mexicano.
“No estamos en una bancarrota hídrica, pero también es cierto que sí enfrentamos una situación compleja”, sostuvo.
Agua disponible, pero con una distribución desigual
El problema no se limita a la cantidad de agua existente, sino también a dónde se encuentra y dónde se concentra la población.
Las regiones centro y norte del país concentran buena parte de los habitantes y de la actividad económica, pero cuentan con una menor disponibilidad del recurso. En contraste, el sur y sureste poseen mayores reservas de agua, aunque presentan una menor concentración poblacional y productiva.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, coincidió en que el principal desafío para México está relacionado con la gestión del recurso.
“Sí hay agua”, afirmó el especialista, quien identificó como una de las prioridades la modernización del sector agrícola, responsable de aproximadamente 76 por ciento del consumo de agua, así como la reducción de las pérdidas que se registran en las redes de distribución urbanas.
La crisis podría profundizar las desigualdades
Arriaga consideró que todavía existe margen para revertir el deterioro de las reservas hídricas, pero advirtió que los efectos de una gestión deficiente recaerán principalmente sobre las poblaciones con menores recursos.
Los sectores más vulnerables ya enfrentan mayores dificultades para acceder de manera continua al servicio y, en algunos casos, deben destinar una proporción creciente de sus ingresos para compensar las deficiencias en el suministro.
El especialista advirtió que, si no se aceleran las medidas para mejorar la administración y conservación del agua, el problema podría generar consecuencias que trasciendan los ámbitos ambiental y económico.
La escasez y la mala distribución del recurso podrían impactar la producción de alimentos, la economía y la estabilidad social, además de provocar conflictos y una pérdida de confianza en las instituciones responsables de administrar el agua.
El reto, plantearon los especialistas, consiste en aprovechar de manera más eficiente las reservas disponibles, reducir la sobreexplotación de los acuíferos y corregir las pérdidas en los sistemas de distribución antes de que el deterioro alcance niveles más difíciles de revertir.