En un contundente golpe contra la delincuencia organizada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el cierre de al menos 39 cuentas en redes sociales utilizadas para el reclutamiento de personas en actividades criminales. Este esfuerzo es parte de un seguimiento exhaustivo realizado por el área de investigación y patrullaje cibernético de la dependencia, según informó su titular, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, García Harfuch señaló que este monitoreo continuará, adelantando que hay “muchas páginas más” en proceso de eliminación. Esta acción se da en el contexto de una creciente preocupación por la incorporación de niñas, niños y adolescentes en los cárteles, quienes los atraen a través de redes sociales, chats de videojuegos y amenazas a sus familias.
Un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que los cárteles están captando menores de entre 6 y 17 años, asignándoles tareas que van desde mensajería hasta actividades violentas como el sicariato y la desaparición de cuerpos. El documento expone la alarmante estrategia criminal para atraer a los jóvenes con falsas promesas de empleo.
En respuesta a esta crisis, las autoridades anunciaron la detención de José Gregorio, alias “Lastra”, uno de los principales reclutadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la SSPC, “Lastra” y su grupo de colaboradores usaban redes sociales para atraer a víctimas con ofertas de trabajo fraudulentas, en las que prometían pagos de entre 4,000 y 12,000 pesos semanales (198 y 596 dólares). Sin embargo, una vez captados, los jóvenes eran adiestrados en el uso de armas y tácticas criminales.
Además de la captura de José Gregorio, Harfuch informó que desde septiembre de 2024 se han detenido a 49 personas vinculadas al reclutamiento criminal. Este esfuerzo busca desmantelar las redes que, a través del engaño, captan a jóvenes para la delincuencia.
El impacto de estos hallazgos resuena en el país, especialmente tras la denuncia del colectivo Guerreros Buscadores sobre un presunto campo de reclutamiento del CJNG en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. En el lugar se encontraron cientos de prendas y 400 pares de zapatos de personas desaparecidas, un hallazgo que sacude a un país con más de 120,000 personas no localizadas desde la década de 1960, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Ante la magnitud de la crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido reformas urgentes para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), crear una base única de información forense y una plataforma federal de identificación humana. Estas medidas buscan dar respuesta a una de las crisis humanitarias más graves que enfrenta México.
Las acciones contra el reclutamiento criminal en redes sociales y el refuerzo en la búsqueda de desaparecidos son pasos cruciales en la lucha contra la violencia. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿serán suficientes para frenar el avance de la delincuencia organizada?