La Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la dirección de Mario Delgado Carrillo, impulsa una reforma que daría marcha atrás a varias disposiciones clave de la actual ley que prohíbe la venta de comida chatarra en escuelas, lo que significaría un retroceso en los esfuerzos por combatir la obesidad infantil y fomentar hábitos alimenticios saludables.
De acuerdo con un proyecto de reforma en poder de Proceso, la SEP busca permitir nuevamente la venta de alimentos elaborados con productos que ostentan sellos del sistema de etiquetado frontal —indicativo de altos niveles de azúcar, grasas o sodio— dentro de los planteles escolares. Además, la iniciativa plantea eliminar la prohibición de ventas en el exterior de las escuelas y exentar a las universidades de estas restricciones, sustituyéndolas por campañas informativas.
Los cambios propuestos modificarían lineamientos establecidos el 30 de septiembre pasado, en el último día de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se prohibió la distribución y comercialización de productos ultraprocesados en todos los centros escolares del país. Las reformas propuestas ahora permitirían que las tiendas escolares utilicen alimentos con sellos en la preparación de sus productos, lo cual abriría la puerta nuevamente a carnes frías, panes, mayonesas, salsas y otros insumos poco saludables.
La SEP justifica la reforma argumentando la necesidad de “delimitar la actuación” de las autoridades sanitarias. Como parte de esa intención, el documento elimina la obligación de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realice verificaciones en las escuelas, y también reduce el alcance de las sanciones a autoridades y proveedores que incumplan con las regulaciones.
Entre los elementos más polémicos del proyecto se encuentra la eliminación de las sanciones contra autoridades escolares que promuevan o participen en la preparación y venta de comida chatarra. En su lugar, se limita la infracción únicamente a la promoción o publicidad de estos productos. Es decir, se prohibiría hacer propaganda, pero no venderlos.
De igual forma, el texto suprime la obligación de ofrecer alimentos y bebidas saludables a precios por debajo del mercado, lo que podría dificultar el acceso de los estudiantes a opciones nutritivas.
Esta iniciativa contrasta con las medidas adoptadas en 2016, cuando México declaró una emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, derivada en buena parte del alto consumo de refrescos y productos ultraprocesados. De aprobarse la reforma, la industria de comida chatarra recuperaría su presencia dentro del sistema educativo, pese a las advertencias de especialistas en salud pública.