Alrededor de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil en México durante 2025, lo que representa una tasa de 12.6% de la población de ese grupo de edad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, la proporción disminuyó 0.5 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando se ubicó en 13.1%. Sin embargo, el indicador todavía supera el 11.4% registrado en 2019.
El organismo estadístico también identificó a cerca de 1.7 millones de menores en ocupaciones peligrosas. Durante la presentación de los resultados, Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, señaló que alrededor de tres de cada cuatro menores involucrados en actividades laborales de riesgo se desempeñaban en sectores considerados peligrosos.
La encuesta reveló diferencias por sexo y edad. La tasa de trabajo infantil fue de 15% entre los niños y adolescentes varones, frente a 10.2% entre las niñas y adolescentes. Por grupos de edad, el indicador alcanzó 8.6% entre quienes tenían de 5 a 14 años y aumentó a 24.6% entre los adolescentes de 15 a 17 años.
Del total de menores en situación de trabajo infantil, 1.8 millones realizaban ocupaciones no permitidas por la legislación mexicana, mientras que otros 1.9 millones efectuaban quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas. Estas categorías presentan una superposición parcial, por lo que sus cifras no deben sumarse como si correspondieran a grupos completamente distintos.
Las ocupaciones no permitidas comprenden trabajos realizados por debajo de la edad mínima legal y actividades peligrosas. Por su parte, las labores domésticas inadecuadas incluyen jornadas prolongadas o tareas que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la integridad física de los menores.
Desigualdad regional y población vulnerable
El trabajo infantil mostró una mayor incidencia entre la población indígena, con una tasa de 24.9%, casi el doble del promedio nacional. Entre la población afrodescendiente, el indicador fue de 15.6%, de acuerdo con los resultados de la encuesta.
Por entidad federativa, Guerrero registró la mayor proporción de trabajo infantil, con 22.6%, seguido de Oaxaca, con 20.9%, y Chiapas, con 20.3%.
En contraste, las tasas más bajas se observaron en Sinaloa, con 5.4%; Baja California, con 5.8%, y Coahuila, con 7%.
Los datos también identificaron los sectores económicos en los que se concentran las ocupaciones no permitidas. El 27.7% de los menores en esta situación trabajaba en actividades agropecuarias, el 27.3% en servicios y el 24.5% en comercio.
Además, las jornadas laborales representaron otro factor de riesgo: 12.2% de este grupo trabajaba más de 48 horas semanales, mientras que 32.1% superaba las 28 horas.
Entre los cerca de 1.7 millones de menores identificados en ocupaciones peligrosas, el Inegi señaló que 75.7% participaba en sectores considerados de riesgo y 61.2% realizaba actividades que afectaban su salud o desarrollo.
Trabajo infantil y exclusión educativa
La ENTI 2025 también evidenció una relación entre la situación laboral de los menores y su permanencia en la escuela.
La tasa de trabajo infantil alcanzó 48.4% entre quienes no asistían a un centro educativo, frente a 9.9% entre los menores que sí acudían. La diferencia muestra una asociación entre la exclusión escolar y una mayor presencia de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales, aunque por sí sola no demuestra una relación de causalidad.
El fenómeno también es objeto de seguimiento internacional. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha reconocido avances de México en el combate al trabajo infantil, pero ha advertido sobre la persistencia de formas graves de explotación y las deficiencias en la inspección laboral.
La erradicación de estas prácticas forma parte de los compromisos laborales establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que contempla medidas para combatir el trabajo infantil y proteger los derechos de las personas trabajadoras.
Aunque los resultados de 2025 muestran una reducción frente a la medición de 2022, las cifras del Inegi evidencian que millones de menores continúan expuestos a actividades laborales, incluidas aquellas que pueden comprometer su salud, seguridad y desarrollo, así como sus oportunidades educativas.