A un año de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, habitantes de las tres ciudades mexicanas que fungirán como sedes del torneo —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— manifestaron preocupación por los efectos que el evento podría generar en su vida cotidiana, especialmente en materia de movilidad, costo de vida, contaminación y gestión gubernamental.
Así lo revela una encuesta realizada por especialistas del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universitat de les Illes Balears, de España, aplicada a 460 personas para conocer las percepciones ciudadanas sobre el campeonato que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con los resultados, entre las principales inquietudes destacan el incremento del tráfico vehicular, los congestionamientos urbanos, el aumento en los precios de bienes y servicios, así como mayores niveles de ruido y contaminación ambiental derivados de la llegada masiva de visitantes.
El estudio también evidenció una significativa desconfianza hacia las instituciones responsables de la organización del Mundial. Los participantes señalaron dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos, la capacidad de las autoridades para prevenir actos de corrupción y garantizar la seguridad, además de la percepción de que los beneficios económicos del torneo favorecerán principalmente al sector privado.
La investigadora de la UNAM, Ilia Alvarado Rizzo, explicó que la Copa del Mundo constituye uno de los eventos globales más importantes debido a su capacidad para movilizar millones de personas, transformar espacios urbanos y detonar inversiones con impactos económicos, sociales y territoriales.
Sin embargo, aunque la mayoría de los encuestados reconoció que el torneo podría generar empleos y derrama económica, prevalece la percepción de que dichos beneficios no llegarán de manera equitativa a toda la población.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue el limitado optimismo sobre el potencial integrador del Mundial. Cerca de la mitad de los participantes consideró que el evento no fortalecerá la cohesión social ni contribuirá a generar un mayor sentido de identidad o unidad entre los habitantes de las ciudades anfitrionas.
“El Mundial funciona como un espejo de las tensiones urbanas contemporáneas”, señaló Alvarado Rizzo, al destacar que sus efectos trascienden los estadios y alcanzan ámbitos como la movilidad, el turismo, el espacio público y el mercado inmobiliario.
Por su parte, el investigador de la Universitat de les Illes Balears, Luis Alfonso Escudero Gómez, sostuvo que la expansión del torneo a 48 selecciones y su concentración en grandes centros urbanos responde cada vez más a intereses comerciales, televisivos y vinculados a las apuestas deportivas.
Aunque reconoció que la competencia mantiene una enorme capacidad de convocatoria y movilización social, advirtió sobre una creciente mercantilización que, en su opinión, ha desplazado parte del carácter popular que históricamente distinguió a la justa mundialista.
En tanto, el investigador de la UNAM Álvaro López López alertó que este tipo de megaeventos suelen profundizar desigualdades urbanas ya existentes, debido a que las inversiones se concentran principalmente en corredores turísticos, zonas cercanas a los estadios y áreas estratégicas destinadas a proyectar una imagen internacional de modernidad.
Más que transformar de manera integral las ciudades, señaló, existe el riesgo de que el Mundial acentúe las diferencias territoriales y sociales entre distintas zonas urbanas.
Finalmente, el académico Erick David García González destacó que la organización del torneo implica importantes desafíos sociales, económicos y ambientales relacionados con la movilidad de aficionados, el consumo de recursos y la generación de residuos, aspectos cuyas consecuencias suelen recaer directamente en las comunidades cercanas a las sedes y que, con frecuencia, reciben poca atención pública.
Los especialistas coincidieron en que el Mundial 2026 representa una oportunidad para analizar no sólo los beneficios económicos que promete el evento, sino también la forma en que sus costos e impactos serán distribuidos entre la población de las ciudades anfitrionas.