El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a los tribunales que Google se deshaga de su navegador Chrome o de su sistema operativo Android, con el objetivo de limitar su posición dominante en el sector tecnológico. La propuesta, presentada este miércoles, incluye además restricciones para que la empresa deje de pagar miles de millones de dólares a socios como Apple para mantener su motor de búsqueda como predeterminado en otros navegadores.
“Google debe vender Chrome de inmediato y por completo, a un comprador aprobado por los demandantes a su exclusivo criterio, sujeto a los términos que el Tribunal y los demandantes aprueben”, señaló la propuesta oficial. Asimismo, el Departamento de Justicia recomendó que Google permanezca fuera del mercado de navegadores durante al menos cinco años.
La medida se suma a una serie de enfrentamientos legales que la compañía ha enfrentado en los últimos meses. En agosto, un juez federal dictaminó que Google violó las leyes antimonopolio en el mercado de motores de búsqueda en línea, mientras que en septiembre enfrentó un juicio por presuntamente desviar ingresos publicitarios hacia su propia tecnología.
Desde Google, la vicepresidenta de asuntos regulatorios, Lee-Anne Mulholland, criticó duramente la propuesta: “Que el Gobierno ponga el dedo en la balanza de esta manera perjudicaría a los consumidores, a los desarrolladores y al liderazgo tecnológico estadounidense”. Según estimaciones de la prensa, el valor de Chrome podría alcanzar los 20,000 millones de dólares si se pusiera a la venta.
La solicitud surge a pocos meses del fin del mandato del presidente Joe Biden, quien será reemplazado por Donald Trump el próximo 20 de enero. Aunque Trump ha manifestado intenciones de investigar a Google, no se ha mostrado partidario de dividir sus operaciones.
La Asociación de Internet y Redes Competitivas (INCOMPAS) también expresó preocupación, argumentando que las propuestas del Departamento de Justicia podrían sentar un peligroso precedente que afectaría la inversión en innovación y pondría en riesgo la capacidad de Estados Unidos para competir en el mercado global.
El resultado de este proceso podría marcar un antes y un después en la relación entre los gigantes tecnológicos y las autoridades regulatorias en Estados Unidos, con implicaciones globales para el sector.