El Gobierno de México propone reconocer la CURP Digital como un documento válido para acreditar la identidad de las personas durante la contratación remota de servicios financieros, como parte de la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, incluida en el Paquete Económico 2027.
La propuesta, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer condiciones jurídicas para que el sistema financiero pueda ampliar sus operaciones digitales y permitir que determinados trámites se realicen completamente a distancia.
De acuerdo con la exposición de motivos, el modelo remoto requiere mecanismos confiables para comprobar la identidad de los usuarios sin necesidad de una presencia física o de presentar documentos en papel. En este contexto, la iniciativa reconoce a la CURP Digital y al Expediente Digital Ciudadano como fuentes de confianza para los procesos de identificación, siempre que exista consentimiento de la persona titular y se cumpla con las disposiciones en materia de protección de datos personales.
La propuesta toma como fundamento la reforma a la Ley General de Población de 2025, particularmente los artículos 91 Bis y 91 Quinquies, mediante los cuales se incorporaron disposiciones relacionadas con la CURP biométrica y digital.
De aprobarse, las instituciones financieras podrían utilizar la CURP Digital para validar la identidad de sus clientes durante la apertura de cuentas y la contratación de otros servicios, sin que necesariamente tengan que acudir a una sucursal o presentar documentación impresa.
El artículo 5 del proyecto establece que, en la contratación digital de servicios financieros, la CURP Digital será aceptada como un mecanismo de confianza conforme a las disposiciones que emitan las autoridades competentes, sin impedir el uso de otros mecanismos de identificación que sean autorizados.
Su uso sería voluntario
La iniciativa no plantea que la CURP Digital sea obligatoria para realizar trámites bancarios. Los usuarios conservarían la posibilidad de decidir si utilizan este mecanismo o si prefieren recurrir a otras identificaciones oficiales disponibles.
La autenticación a distancia estaría vinculada con el Expediente Digital Ciudadano, con el objetivo de que los documentos electrónicos utilizados en estos procedimientos tengan la misma validez y efectos jurídicos que sus equivalentes en papel.
El esquema estaría sujeto a la supervisión de autoridades como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y pretende fortalecer la seguridad en los procesos de identificación remota, además de facilitar el acceso a servicios financieros y reducir la necesidad de realizar trámites de manera presencial.
La propuesta forma parte de los cambios planteados por el Gobierno federal para ampliar el uso de herramientas digitales en el sistema financiero y avanzar hacia un modelo en el que más operaciones puedan realizarse de manera remota.