La organización ambientalista Greenpeace México presentó dos denuncias relacionadas con el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero de 2026, con el objetivo de que se investiguen posibles irregularidades en la atención de la emergencia ambiental y se determinen responsabilidades administrativas por presuntos actos de omisión y ocultamiento de información.
La primera acción legal fue interpuesta el pasado 4 de mayo ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), mediante una denuncia popular en la que solicita investigar los impactos ambientales, sociales y de salud derivados del derrame en comunidades costeras del Golfo de México.
Posteriormente, el 27 de mayo, Greenpeace presentó una segunda denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que se analicen posibles faltas administrativas relacionadas con el manejo de la contingencia y el flujo de información dentro de la empresa productiva del Estado.
La organización señaló que las acciones legales se sustentan en reportes de organizaciones civiles y habitantes de la región que documentaron la presencia de chapopote en más de mil 100 kilómetros de litoral, desde Tabasco hasta Tamaulipas. De acuerdo con los monitoreos realizados, la contaminación comenzó a detectarse desde el 1 de marzo en la franja costera comprendida entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, extendiéndose posteriormente hacia otras zonas de Veracruz y Tamaulipas.
Greenpeace advirtió que el derrame habría ocasionado afectaciones a ecosistemas estratégicos para la biodiversidad nacional, incluidos manglares y áreas del Corredor Arrecifal del Golfo de México, además de impactos en comunidades que dependen de los recursos marinos para su sustento.
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— Greenpeace México (@greenpeacemx) May 29, 2026
🟠 Ante la ASEA denunciamos que se establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas en caso de derrames.
✊ Que este daño ambiental no se vuelva a repetir. pic.twitter.com/uR0rxCdZrH
Entre los elementos incluidos en las denuncias se encuentran declaraciones realizadas por Pemex el pasado 16 de abril, cuando la empresa reconoció públicamente que existieron irregularidades en el manejo de información relacionada con el incidente. Según la organización ambientalista, entre los hechos admitidos destacan problemas de integridad mecánica en un oleoducto, reparaciones que no fueron reportadas oportunamente, omisiones en la información sobre agua oleosa recuperada y una demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse la fuga.
La denuncia administrativa solicita investigar posibles responsabilidades del exdirector general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otros servidores públicos que pudieran haber participado en actos u omisiones vinculados con la gestión de la emergencia ambiental y la comunicación de información a los altos mandos de la empresa.
Asimismo, Greenpeace pidió que Pemex, la ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otras autoridades competentes transparenten toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de este año.
La organización también demandó que, en caso de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de implementar medidas que garanticen la reparación integral del daño ambiental, la rendición de cuentas y la no repetición de hechos similares.
En su denuncia ante la ASEA, Greenpeace expresó preocupación por testimonios de habitantes de comunidades afectadas que reportaron falta de alertas oportunas, escasa información sobre los riesgos de exposición a hidrocarburos, insuficiencia de equipo de protección personal y poca claridad respecto al destino final de los residuos contaminantes recolectados durante las labores de limpieza.
La organización también alertó sobre posibles desigualdades en la respuesta institucional, al señalar que diversas comunidades rurales e indígenas habrían recibido atención tardía o insuficiente, mientras que las labores de saneamiento se concentraron principalmente en zonas turísticas y de mayor visibilidad económica.
Greenpeace subrayó que todas las comunidades afectadas deben recibir una atención equitativa y oportuna, independientemente de su ubicación o relevancia turística, y reiteró la necesidad de establecer mecanismos eficaces de alerta temprana, protocolos de prevención y estrategias de comunicación pública para responder a futuras emergencias ambientales.
Finalmente, la organización enfatizó que la restauración de los ecosistemas dañados, la transparencia institucional y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para proteger la riqueza ecológica del Golfo de México y evitar que incidentes de esta naturaleza vuelvan a repetirse.