La Justicia de Bolivia declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales tras no presentarse al inicio del juicio oral en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas, proceso que se desarrolla en la ciudad de Tarija, al sur del país.
La decisión judicial derivó en la suspensión del juicio hasta que el exmandatario comparezca voluntariamente ante las autoridades o sea ejecutada la orden de captura emitida por el tribunal. Además, se dictó una medida de arraigo que le impide salir del país.
Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta relación que habría mantenido en 2015 con una adolescente de 16 años, con quien supuestamente tuvo una hija durante su etapa presidencial.
Desde horas antes de la audiencia, la defensa del exgobernante había adelantado que éste no acudiría al tribunal y que asumiría las consecuencias legales derivadas de esa decisión, mientras prepara recursos ante instancias internacionales.
La audiencia comenzó a las 8:30 horas locales en el Tribunal Departamental de Tarija, en ausencia tanto de Morales como de sus abogados particulares. Ante ello, las autoridades judiciales determinaron asignarle defensores públicos para garantizar el desarrollo del proceso.
La Fiscalía de Tarija informó que la defensa no presentó ningún justificante válido para la inasistencia del exmandatario, por lo que el tribunal procedió a declararlo en rebeldía. El Ministerio Público recordó además que desde octubre del año pasado existe una acusación formal sustentada en más de 170 pruebas documentales y testimoniales, incluidas 39 declaraciones de testigos.
El fiscal departamental de Tarija señaló que la ejecución de la orden de captura corresponde exclusivamente a la Policía boliviana y no al Ministerio Público.
En paralelo, la defensa del expresidente insistió en que Morales no fue notificado personalmente sobre el inicio del juicio y aseguró que la citación se realizó mediante un edicto judicial, situación que calificó como un “vicio de fondo” en el proceso.
Wilfredo Chávez, uno de los abogados del exmandatario, sostuvo en declaraciones a medios locales que el caso fue reactivado en medio de un contexto de protestas sociales contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, por lo que consideró que existe un trasfondo político en el proceso judicial.
Morales permanece actualmente en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, resguardado por simpatizantes y organizaciones afines. La fuerte presencia de seguidores del exmandatario en esa zona ha dificultado hasta ahora cualquier intento de detención por parte de las autoridades, ante el riesgo de disturbios sociales.
No es la primera vez que Morales es declarado en rebeldía dentro de este proceso. Durante la fase preliminar de la investigación, a inicios de 2025, un juez ya había emitido una resolución similar luego de que el exmandatario no acudiera en dos ocasiones a audiencias judiciales, argumentando problemas de salud.
El caso representa uno de los episodios judiciales más delicados para el exlíder boliviano, quien continúa denunciando persecución política desde su salida del poder en 2019, tras la crisis poselectoral que derivó en su renuncia y posterior salida del país.