La discusión sobre la responsabilidad penal de los adolescentes volvió al centro del debate nacional luego de una serie de casos de alto impacto en los que menores de edad fueron señalados por delitos como homicidio, feminicidio, secuestro y violación. En este contexto, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que analizará una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y reducir la edad de imputabilidad en determinados delitos.
El debate resurgió tras hechos ocurridos en distintas entidades del país, entre ellos el homicidio de un conductor de plataforma en Baja California, una agresión contra una menor en Zacatecas, el asesinato de dos profesoras en Michoacán y el feminicidio de Britany N., una adolescente de 15 años en Monterrey. En este último caso, el responsable, de 14 años, recibió una sentencia de tres años de internamiento, la pena máxima prevista para su rango de edad.
La propuesta fue presentada por el alcalde de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, quien busca que adolescentes de entre 15 y 17 años que cometan delitos de alto impacto, como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro, puedan enfrentar sanciones equiparables a las de una persona adulta.
El planteamiento ya fue entregado al Congreso de Querétaro y posteriormente presentado en el Senado de la República con el propósito de abrir una discusión a nivel nacional. El alcalde argumentó que el incremento de menores involucrados en delitos graves y la percepción de impunidad entre las víctimas justifican revisar el marco legal vigente.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, confirmó que la bancada iniciará el análisis de la iniciativa. Aunque reconoció la preocupación por el aumento de este tipo de delitos, adelantó que cualquier eventual reforma deberá sustentarse en un estudio amplio y en la opinión de especialistas antes de fijar una postura definitiva.
Actualmente, la Constitución y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establecen un régimen especializado para personas de entre 12 y menos de 18 años, basado en principios de protección integral, reinserción social y medidas diferenciadas respecto al sistema penal para adultos.
La legislación vigente establece que los adolescentes de entre 14 y menos de 16 años pueden recibir hasta tres años de internamiento por delitos graves, mientras que quienes tienen entre 16 y menos de 18 años pueden ser sancionados con hasta cinco años de internamiento, además de otras medidas orientadas a su rehabilitación.
Como parte del proceso de análisis, Ricardo Anaya propuso realizar una consulta con especialistas en derecho penal, criminología, psicología, sociología y derechos de la infancia para evaluar las implicaciones jurídicas, sociales y de derechos humanos que tendría una modificación de la edad de imputabilidad.
El debate coincide con la publicación de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las cuales muestran que durante 2024 fueron registradas 35 mil 193 personas adolescentes imputadas por la presunta comisión de un delito, cifra que representa un incremento de 7.1 por ciento respecto a 2023 y de 55.4 por ciento en comparación con 2021.
El informe también señala que ocho de cada diez adolescentes imputados fueron hombres y que Aguascalientes, Nuevo León, Sonora y Ciudad de México registraron las tasas más altas de adolescentes investigados por delitos por cada 100 mil habitantes de ese grupo de edad.
No obstante, especialistas han advertido que endurecer las sanciones o reducir la edad penal no garantiza una disminución de la delincuencia juvenil. Académicos y organismos internacionales, como UNICEF, sostienen que la evidencia disponible no demuestra un efecto disuasivo de estas medidas y recomiendan fortalecer las estrategias de prevención, atención psicológica, reinserción social, acompañamiento familiar y acceso a la educación para reducir los factores de riesgo que llevan a los adolescentes a involucrarse en actividades delictivas.
Con el inicio del análisis legislativo, el país enfrenta nuevamente un debate que confronta las demandas de justicia y seguridad con los principios de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales suscritos por México.