El gobierno federal presentó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y cerrar brechas legales que actualmente generan impunidad.
La propuesta, que será enviada en los próximos días a la Cámara de Senadores, busca establecer un marco único para tipificar el feminicidio, definir las razones de género y unificar las agravantes en las 32 entidades federativas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se trata de una reforma de consenso, al señalar que “nadie debería oponerse a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio”, y reiteró el compromiso de su administración de erradicar este delito.
Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, explicó que la iniciativa plantea sanciones de entre 40 y 70 años de prisión para quienes priven de la vida a una mujer por razones de género, además de multas de hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El proyecto incorpora 21 agravantes que podrían incrementar la pena hasta en una mitad, entre ellas cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada, tenga discapacidad o sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante. También se contemplan casos en los que el agresor sea servidor público o existan indicios de violencia extrema, como ataques con ácido.
Asimismo, se establecen nueve razones de género para clasificar el delito, como antecedentes de violencia, presencia de violencia sexual, motivaciones basadas en estereotipos o contextos de desigualdad de poder.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo la hipótesis de feminicidio, evitando que los casos sean clasificados de manera anticipada como suicidios o accidentes. Además, el delito será imprescriptible y no permitirá beneficios como amnistía, conmutación de pena o libertad condicionada.
La iniciativa también contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como medidas de protección integral para víctimas indirectas, incluyendo atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita y acceso a la seguridad social.
En materia institucional, se prevé que la Fiscalía General de la República emita un Protocolo Nacional Homologado y que, junto con las fiscalías estatales, cuente con unidades especializadas para garantizar investigaciones con perspectiva de género, libres de estereotipos y con debida diligencia.
El gobierno federal subrayó que la ley también impulsará campañas de prevención, fortalecerá los registros nacionales de feminicidio —en coordinación con el INEGI— y consolidará mecanismos como los Centros de Justicia para Mujeres, refugios y líneas de atención.
Las autoridades coincidieron en que el feminicidio no solo constituye un delito, sino una grave violación a los derechos humanos, por lo que esta ley busca garantizar el acceso a la verdad, la justicia y una reparación integral del daño para las víctimas y sus familias.