La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra a punto de tomar una decisión clave que podría redefinir el combate a la piratería digital en el país, al analizar un proyecto que permitiría el bloqueo de sitios web que difundan contenido ilegal.
De acuerdo con el documento que será presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, se propone avalar la constitucionalidad del artículo 344 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo que facultaría al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar a proveedores de internet el bloqueo de páginas completas por violaciones a derechos de autor.
El caso tiene su origen en un amparo promovido por TotalPlay, filial de Grupo Salinas, luego de que la empresa impugnara las órdenes del IMPI tras el bloqueo de sitios web que difundían películas de manera ilegal.
Según los antecedentes, el conflicto inició el 25 de julio de 2024, cuando diversas empresas denunciaron la transmisión ilícita de contenidos audiovisuales en dos páginas de internet. Tras ello, el IMPI admitió el caso en agosto, dictó medidas provisionales en septiembre y, finalmente, en octubre, ordenó el bloqueo de los sitios, instrucción que fue acatada por proveedores como TotalPlay.
No obstante, en noviembre de ese mismo año, la empresa promovió un amparo argumentando que el IMPI invadía facultades del regulador de telecomunicaciones, además de que la medida afectaba derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, al considerar desproporcionado el bloqueo de sitios completos.
En enero de 2025, un juez federal negó el amparo al sostener que dichas medidas son válidas para proteger los derechos de autor. El criterio judicial señaló que tanto la libertad de expresión como el acceso a la información no son absolutos, y deben equilibrarse con otros derechos, como los de terceros y el interés público.
El proyecto del ministro retoma esta interpretación, al considerar que los argumentos de la empresa no desvirtúan la resolución inicial, por lo que el bloqueo de sitios web se mantendría como una herramienta legal en la lucha contra la piratería.
De ser aprobado por el pleno el próximo 9 de abril, el caso sería devuelto a un tribunal colegiado para resolver aspectos técnicos pendientes, particularmente en torno a la legalidad de la actuación del IMPI.
Cabe señalar que este tema se suma a otros litigios relevantes vinculados a Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, ya que la Corte también tiene previsto analizar asuntos fiscales relacionados con el conglomerado, luego de que recientemente se desecharan recursos legales con los que buscaba evitar el pago de más de 51 mil millones de pesos en impuestos.